Compromís ha registrado en el Congreso una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno de España para solicitar información detallada sobre los mecanismos de control, las garantías legales y los procedimientos aplicados en la tramitación de grandes proyectos de energías renovables, entre ellos el denominado Clúster del Maestrazgo. La iniciativa se produce tras la publicación de informaciones que hacen referencia a una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre posibles irregularidades administrativas.
La diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha planteado la conveniencia de una paralización cautelar de este macrocomplejo eólico y fotovoltaico mientras se aclaran los hechos, señalando el impacto territorial, ambiental y paisajístico del proyecto, así como la oposición expresada por distintos colectivos sociales e institucionales. Micó ha subrayado que cualquier duda sobre la legalidad o el rigor de los procedimientos de evaluación ambiental puede afectar a la confianza ciudadana en las políticas de transición energética, y ha defendido la necesidad de revisar aquellos proyectos cuyas autorizaciones pudieran estar vinculadas a procesos actualmente bajo investigación.
Desde Compromís también se ha hecho referencia a las denuncias presentadas por plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas, que apuntan a posibles incidencias en la consideración de informes técnicos durante la elaboración de las Declaraciones de Impacto Ambiental. En este sentido, Micó ha indicado que, de confirmarse irregularidades en el tratamiento de estos informes, sería necesario evaluar el funcionamiento de los procedimientos administrativos y adoptar las medidas oportunas.
Por su parte, el diputado de Compromís Vicent Granel ha señalado que la transición energética debe desarrollarse teniendo en cuenta el respeto al territorio, las competencias de las comunidades autónomas y los mecanismos de participación pública. Asimismo, ha advertido sobre la importancia de compatibilizar los objetivos energéticos con la protección del paisaje y la implicación de las comunidades afectadas.
Granel ha reclamado también la puesta en marcha de sistemas de revisión independientes y transparentes para analizar las autorizaciones concedidas a macroproyectos renovables durante el periodo objeto de investigación, así como posibles mejoras normativas destinadas a reforzar los controles, la supervisión administrativa y la prevención de irregularidades en la concesión de ayudas y autorizaciones públicas.
